Constitución de 1821 (30
de agosto de 1821) En el nombre
de Dios, Autor y Legislador del Universo. Nos los
representantes de los pueblos de Colombia, reunidos en Congreso general,
cumpliendo con los deseos de nuestros comitentes en orden a fijar las reglas
fundamentales de su unión y establecer una forma de Gobierno que les afiance
los bienes de su libertad, seguridad, propiedad e igualdad, cuanto es dado a
una nación que comienza su carrera política y que todavía lucha por su
independencia, ordenamos y acordamos la siguiente Constitución. Título
I De
la Nación colombiana y de los colombianos Sección
primera De
la Nación colombiana Art. 1 – La
nación colombiana es para siempre e irrevocablemente libre e independiente de
la monarquía española y de cualquier otra potencia o dominación extranjera; y
no es, ni será nunca patrimonio de ninguna familia ni persona. Art. 2 – La
soberanía reside esencialmente en la nación. Los magistrados y oficiales del
Gobierno, investidos de cualquiera especie de autoridad, son sus agentes o
comisarios, y responden a ella de su conducta pública. Art. 3 – Es
un deber de la nación proteger por leyes sabias y equitativas la libertad, la
seguridad, la propiedad y la igualdad de todos los colombianos. Sección
segunda De
los colombianos Art. 4 – Son
colombianos: 1.
Todos
los hombres libres nacidos en el territorio de Colombia, y los hijos de éstos; 2.
Los
que estaban radicados en Colombia al tiempo de su transformación política, con
tal que permanezcan fieles a la causa de la Independencia; 3.
Los no
nacidos en Colombia que obtengan carta de naturaleza. Art. 5 – Son
deberes de cada colombiano vivir sometido a la Constitución y a las leyes;
respetar y obedecer a las autoridades, que son sus órganos; contribuir a los
gastos públicos, y estar pronto en todo tiempo a servir y defender la patria
haciéndole el sacrificio de sus bienes y de su vida, si fuere necesario. Título
II Del
territorio de Colombia y de su Gobierno Sección
primera Del
territorio de Colombia Art. 6 – El
territorio de Colombia es el mismo que comprendía el antiguo Virreinato de
Nueva Granada y de la Capitanía General de Venezuela. Art. 7 – Los
pueblos de la extensión expresada que están aún bajo el yugo español, en
cualquier tiempo en que se liberen, harán parte de la República, con derechos y
representación iguales a todos los demás que la componen. Art. 8 – El
territorio de la República será dividido en Departamentos, los Departamentos en
Provincias, las Provincias en Cantones, y los Cantones en Parroquias. Sección
segunda Del
Gobierno de Colombia Art. 9 – El
Gobierno de Colombia es popular representativo. Art. 10 – El
pueblo no ejercerá por sí mismo otras atribuciones de la soberanía que la de
las elecciones primarias, ni depositará el ejercicio de ella en unas solas
manos. El Poder Supremo estará dividido para su administración en Legislativo,
Ejecutivo y Judicial. Art. 11 – El
poder de dar leyes corresponde al Congreso; el de hacer que se ejecuten, al
Presidente de la República, y el de aplicarlas en las causas civiles y criminales,
a los tribunales y juzgados. Título
III De
las asambleas parroquiales y electorales Sección
primera De
las asambleas parroquiales y escrutinio de sus elecciones Art. 12 – En
cada Parroquia, cualquiera que sea su población, habrá una Asamblea Parroquial
el último domingo de julio de cada cuatro años. Art. 13 – La
Asamblea Parroquial se compondrá de los sufragantes parroquiales no suspensos,
vecinos de cada parroquia, y será presidida por el Juez o los jueces de ella,
con asistencia de cuatro testigos de buen crédito, en quienes concurran las
cualidades de sufragante parroquial. Art. 14 –
Los jueces sin necesidad de esperar ningunas órdenes, deberán convocarla
indispensablemente en dichos periodos para el día señalado en esta
Constitución. Art. 15 –
Para ser sufragante parroquial se necesita: 1.
Ser
colombiano; 2.
Ser
casado o mayor de veintiún años; 3.
Saber
leer y escribir; pero esta condición no tendrá lugar hasta el año de 1840; 4.
Ser
dueño de alguna propiedad raíz que alcance al valor libre cien pesos. Suplirá este defecto el ejercitar algún oficio,
profesión, comercio o industria útil, con casa o taller abierto sin dependencia
de otro en clase de jornalero o sirviente. Art. 16 – La
calidad de sufragante parroquial se pierde: 1.
Por
admitir empleo de otro gobierno sin licencia del Congreso, teniéndolo con renta
o ejerciendo otra confianza en el de Colombia; 2.
Por
sentencia en que se impongan penas aflictivas o infamantes, si no se obtiene
rehabilitación; 3.
Por
haber vendido su sufragio o comprado el de otro para sí o para un tercero, bien
sea en Asambleas Primarias, en las Electorales o en otras. Art. 17 – El
ejercicio de sufragante parroquial se suspende: 1.
En los
locos, furiosos o dementes; 2.
En los
deudores fallidos y en los vagos declarados como tales; 3.
En los
que tengan causa criminal abierta, hasta que sean declarados absueltos, o
condenados a pena no aflictiva ni infamatoria; 4.
En los
deudores a caudales públicos con plazo cumplido. Art. 18 – El
objeto de las Asambleas Parroquiales es votar por el elector o electores que
corresponden al Cantón. Art. 19 – La
Provincia a quien corresponda un solo representante nombrará diez electores,
distribuyendo su nombramiento entre los Cantones que tenga, con proporción a la
población de cada uno. Art. 20 – La
Provincia que deba nombrar dos o más representantes tendrá tantos electores
cuantos correspondan a los Cantones de que se compone, debiendo elegir cada
Cantón un elector por cada cuatro mil almas, y otro más por un residuo de tres
mil. Todo Cantón, aunque no alcance a aquel número, tendrá siempre un elector. Art. 21 –
Para ser elector se requiere: 1.
Ser
sufragante no suspenso; 2.
Saber
leer y escribir; 3.
Ser
mayor de veinticinco años cumplidos y vecino de cualquiera de las Parroquias
del Cantón que va haber las elecciones; 4.
Ser
dueño de una propiedad raíz que alcance el valor libre de quinientos pesos, o
gozar de un empleo de trescientos pesos de renta anual, o ser usufructuario de
bienes que produzcan una renta de trescientos pesos anuales, o profesar alguna
ciencia o tener un grado científico. Art. 22 –
Cada sufragante parroquial votará por el elector o electores del Cantón,
expresando públicamente los nombres de otros tantos ciudadanos vecinos del
mismo Cantón, los cuales serán indispensablemente asentados en su presencia en
un registro destinado a este solo fin. Art. 23 –
Las dudas o controversias que hubiere sobre las cualidades o formas en los
sufragios parroquiales, y las que se suscitan sobre cohecho o soborno, se
decidirán por los jueces y testigos asociados, y su resolución se llevará a
efecto por entonces; pero quedando salva la reclamación al Cabildo del Cantón. Art. 24 –
Las elecciones serán públicas, y ninguno podrá presentarse armado a ellas. Art. 25 –
Las elecciones estarán abiertas por el término de ocho días, concluido el cual
la Asamblea queda disuelta; y cualquiera otro más allá de lo que previene la
Constitución o la ley, no solamente es nulo, sino atentado contra la seguridad
pública. Art. 26 –
Apenas esté concluido el acto de las elecciones, el Juez o los jueces que hayan
presidido la Asamblea remitirán al Cabildo el registro de las celebradas en su
Parroquia, en pliego cerrado y sellado. Art. 27 –
Luego que estén recogidos los pliegos de las Asambleas Parroquiales, el Cabildo
del Cantón, presidido por alguno de los Alcaldes ordinarios, y en su defecto,
por uno de los Regidores, se reunirá en sesión pública. En su presencia serán
abiertos los pliegos de las Asambleas Parroquiales, y se irán formando listas y
cotejos de todos los votos, asentándolos en un registro. Art. 28 –
Los ciudadanos que resulten con el mayor número de votos se declararán
constitucionalmente nombrados para electores. Cuando ocurriere alguna duda por
igualdad de sufragios se decidirá por suerte. Art. 29 – El
Cabildo del Cantón remitirá al de la capital de la provincia el resultado del
escrutinio que ha verificado, y dará también pronto aviso a los nombrados, para
que concurran a la capital de la Provincia en el día prevenido por la
Constitución. Sección
segunda De
las asambleas electorales o de Provincia Art. 30 – La
Asamblea Electoral se compone de los electores nombrados por los Cantones. Art. 31 – El
día primero de octubre de cada cuatro años se reunirá la Asamblea Electoral en
la capital de la Provincia, y procederá a hacer todas las elecciones que
correspondan, estando presente por lo menos las dos terceras partes de los
electores. Presidirá su reunión el Cabildo de la capital mientras la Asamblea
elige un Presidente de entre sus miembros, que será el que obtenga el mayor
número de votos. Art. 32 –
Los Artículos 24 y 25 son comunes a las Asambleas Electorales. Art. 33 – El
cargo de elector durará por cuatro años. Las vacantes se llenarán, cuando sea
necesario, por los que sigan en votos. Art. 34 –
Son funciones de las Asambleas Electorales sufragar: 1.
Por el
Presidente de la República; 2.
Por el
Vicepresidente de la República; 3.
Por
los Senadores del Departamento; 4.
Por el
representante o los representantes Diputados de la Provincia. Art. 35 –
Los votos de estas cuatro clases de elecciones se asentarán en cuatro registros
diversos, y la misma Asamblea Electoral procederá a hacer el escrutinio de la
última. Art. 36 –
Para ser representante de una Provincia se requiere haber obtenido la
pluralidad absoluta; esto es, un voto más sobre la mitad de todos los de los
electores que han asistido a la elección. Art. 37 –
Los representantes serán nombrados de uno en uno en sesión permanente, y se
declararán elegidos los que obtengan la indicada mayoría. Si ninguno la hubiere
alcanzado, los dos que hayan tenido el mayor número entrarán en segundo
escrutinio, y será representante el que reúna pluralidad. Los casos de igualdad
se decidirán por la suerte. Art. 38 –
Perfeccionada de esta manera las elecciones del representante o los
representantes, el Presidente de la Asamblea Electoral avisará sin demora
alguna a los nombrados, para que asistan a la próxima reunión; y los registros
se remitirán en pliego cerrado y sellado a la Cámara de Representantes. Art. 39 –
Con igual formalidad y sin hacer escrutinio serán remitidos al Cabildo de la
capital del Departamento los registros de las votaciones para Presidente de la
República, para Vicepresidente de la misma y para Senadores, a fin de que luego
que se hayan reunido allí los pliegos de todas las Asambleas Provinciales, los dirija
oportunamente a la Cámara del Senado, para que tenga lugar lo prevenido en la
Sección 5. del Título IV. Título
IV Del
Poder Legislativo Sección
primera De
la división, límites y funciones de este poder Art. 40 – El
Congreso de Colombia estará dividido en dos Cámaras, que serán la del Senado y
la de Representantes. Art. 41 – En
cualquiera de las dos podrán tener origen las leyes; y cada una respectivamente
podrá proponer a la otra reparos, alteraciones o adiciones para que los
examine; o rehusar a la ley propuesta su consentimiento por una negativa
absoluta. Art. 42 – Se
exceptúan las leyes sobre contribuciones o impuestos, las cuales no pueden
tener origen sino en la Cámara de Representantes; pero quedando al Senado el
derecho ordinario de adicionarlas, alterarlas o rehusarlas. Art. 43 –
Los proyectos o las proposiciones de ley que fuesen aceptados conforme a las
reglas de debate sufrirán tres discusiones en sesiones distintas, con el
intervalo de un día, cuando menos, entre una y otras; sin cuyo requisito no se
podrán determinar. Art. 44 – En
el caso de que la proposición sea urgente, podrá dispensarse esta última
formalidad, precediendo una discusión y declaración de la urgencia en la misma
Cámara donde tenga su principio. Esta declaración y las razones que la
motivaron se pasarán a la otra Cámara, junto con el proyecto de ley para que
sea examinado. Si esta Cámara no cree justa la urgencia, devuelve el proyecto
para que se delibere con las formalidades legales. Art. 45 –
Ningún proyecto o proposición de ley rechazado por una Cámara podrá ser
presentado de nuevo hasta la sesión del año siguiente; pero esto no impedirá
que alguno de los artículos compongan parte de otras proposiciones no
rechazadas. Art. 46 –
Ningún proyecto a proposición de ley constitucionalmente aceptado, discutido y
determinado en ambas Cámaras podrá tenerse por ley de la República hasta que no
ha sido firmado por el Poder Ejecutivo. Si éste no creyere conveniente hacerlo,
devolverá el proyecto a la Cámara de origen acompañándole sus reparos, sea
sobre falta en las fórmulas, o en lo sustancial, dentro del término de diez
días contados de su recibo. Art. 47 –
Los reparos presentados por el Poder Ejecutivo se asientan en el registro de
las sesiones de la Cámara donde tuvo la ley su origen. Si no queda ésta
satisfecha, discute de nuevo la materia, y resultando segunda vez aprobada por
una mayoría de las dos terceras partes de los miembros presentes, la pasa con
los reparos a la otra Cámara. El proyecto tendrá fuerza de ley, y deberá ser firmado
por el Poder Ejecutivo, siempre que en esta otra Cámara lo aprueben también las
dos terceras partes de los miembros presentes. Art. 48 – Si
pasados los diez días que señala el Artículo 46 no hubiere sido devuelto el
proyecto con las objeciones, tendrá fuerza de ley y será promulgado como tal; a
menos que, corriendo este término, el Congreso se haya suspendido o puesto en
receso; en cuyo caso deberán presentársele las objeciones en la primera de la
próxima sesión. Art. 49 – La
sanción del Poder Ejecutivo es también necesaria para que tengan fuerza las
demás resoluciones, los decretos, estatutos y actos legislativos de las
Cámaras; exceptuando los que sean de suspensión y aplazamiento de sus sesiones;
los decretos en que pidan informes o den comisiones en los negocios de su
incumbencia las elecciones que les correspondan; los juicios sobre calificación
de sus miembros; las órdenes para llenar alguna vacantes en la Cámaras; las
reglas de sus debates y la policía interior; el castigo de sus miembros y de cuantos
les falten al debido respeto, cualesquiera otros actos en que no sea necesaria
la concurrencia de ambas. Art. 50 –
Las proposiciones que hayan pasado como urgentes en las dos Cámaras serán
sancionadas o devueltas por el Poder Ejecutivo dentro de dos días, sin
mezclarse la urgencia. Art. 51 – Al
pasarse las deliberaciones de una Cámara a otra y al Poder Ejecutivo, se
exceptuarán los días en que se discutió la materia, la fecha de las respectivas
resoluciones, inclusa la de urgencia cuando la haya, y la exposición de las
razones y los fundamentos que las hayan motivado. Cuando se omita algunos de
estos requisitos deberá devolverse el acto dentro de dos días a la Cámara donde
se note la omisión, o a la de origen, si hubiere ocurrido en ambas. Art. 52 – Siempre
que una ley haya de pasarse al Poder Ejecutivo para su sanción, se extenderá
por duplicado en forma correspondiente, y se leerá en las dos Cámaras. Ambos
originales serán firmados por sus respectivos Presidentes y Secretarios, y se
presentarán luego al Presidente de la República por una diputación. Art. 53 –
Sancionada u objetada la ley por el Presidente de la República, con arreglo al
Artículo 46, devolverá a las Cámaras, con el Secretario del Despacho
respectivo, uno de los dos originales con su decreto para que se dé cuenta en
ellas. Este original se conservará en el archivo de la Cámara donde la ley tuvo
su origen. Art. 54 –
Para la promulgación de la ley se usará siempre de esta fórmula: El Senado y la
Cámara de Representantes de la República de Colombia, reunidos en Congreso,
etc., decretan: Sección
segunda De
las atribuciones especiales del Congreso Art. 55 –
Son atribuciones exclusivamente propias del Congreso: 1. Fijar
cada año los gastos públicos en vista de los presupuestos que le presenta el Poder
Ejecutivo; 2. Decretar
lo conveniente para la administración, conservación y enajenación de los bienes
nacionales; 3.
Establecer toda suerte de impuestos, derechos o contribuciones; velar sobre su inversión, y
tomar cuenta de ella al Poder Ejecutivo y demás empleados de la República; 4. Contraer
deudas sobre el crédito de Colombia; 5.
Establecer un Banco Nacional; 6.
Determinar y uniformar el valor, peso, tipo y nombre de la moneda; 7. Fijar y
uniformar los pesos y medidas; 8. Crear las
Cortes de Justicia, y los juzgados inferiores de la República; 9. Decretar
la creación o supresión de los empleos públicos, y señalarles sueldos, disminuírlos
o aumentarlos; 10.
Establecer reglas de naturalización; 11. Conceder
premios y recompensas personales a los que hayan hecho grandes servicios a
Colombia; 12. Decretar
honores públicos a la memoria de los grandes hombres; 13. Decretar
la conscripción y organización de los ejércitos, determinar su fuerza en paz y
guerra y señalar el tiempo que deba existir; 14. Decretar
la construcción y equipamiento de la marina, aumentarla o disminuirla; 15. Formar
las ordenanzas que deben regir las fuerzas en mar y tierra; 16. Decretar
la guerra en vista de los datos que le presente el Poder Ejecutivo; 17. Requerir
al Poder Ejecutivo para que negocie la paz; 18. Prestar
su consentimiento y aprobación a los tratados de paz, alianza, de amistad, de
comercio, de neutralidad y cualesquiera otros que celebre el Poder Ejecutivo; 19. Promover
por leyes la educación pública y el progreso de las ciencias, las artes y los
establecimientos útiles, y conceder por tiempo limitado derechos exclusivos
para su estímulo y fomento; 20. Conceder
indultos generales cuando lo exija algún grande motivo de conveniencia
pública; 21. Elegir
la ciudad que deba servir de residencia al Gobierno, y variarla cuando lo juzgue
conveniente; 22. Fijar
los límites de los Departamentos, las Provincias y demás divisiones del territorio
de Colombia, como sea más conveniente para su mejor administración; 23. Permitir
o no el paso de tropas de otro Estado por el territorio de Colombia; 24. Permitir
o no la estación de escuadras de otro Estado en los puertos de Colombia por
más de un mes; 25. Conceder
durante la presente guerra de independencia al Poder Ejecutivo aquellas
facultades extraordinarias que se juzguen indispensables en los lugares que
inmediatamente están sirviendo de teatro a las operaciones militares, y en los recién
libertados del enemigo; pero detallándolas en cuanto sea posible, y circunscribiendo
el tiempo, que sólo será el muy necesario; 26. Decretar
todas las demás leyes y ordenanzas, de cualquier naturaleza que sean, y
alterar, reformar o derogar las establecidas. El Poder Ejecutivo sólo podrá
presentarle alguna materia para que la tome en consideración; pero nunca bajo la
fórmula de ley. Sección
tercera De
las funciones económicas y prerrogativas comunes a ambas Cámaras y sus miembros Art. 56 –
Cada Cámara tiene el derecho de establecer los reglamentos que deba observar en
sus sesiones, debates y deliberaciones. Conforme a ellos podrá castigar a
cualquiera de sus miembros que los infrinja a que de otra manera se haga
culpable, con las penas que establezca, hasta expelerlos de su seno y
declararlos indignos de obtener otros oficios de confianza o de honor en la
República, cuando así se decida por el voto unánime de los dos tercios de los
miembros presentes. Art. 57 –
Ninguna de ellas podrá abrir sus sesiones sin la concurrencia de la pluralidad
absoluta de sus miembros; pero en todo caso, el número existente, cualquiera
que sea, deberá reunirse y compeler a los ausentes a que concurran, del modo y
bajo las penas que las mismas Cámaras establezcan. Art. 58 –
Una vez abiertas las sesiones de cada año bastará la concurrencia de dos
terceras partes de los miembros presentes para que continúen las sesiones; con
tal de que estas dos terceras partes nunca sean menos de los dos tercios de la
pluralidad absoluta. Art. 59 –
Las Cámaras en la casa de sus sesiones gozarán del derecho exclusivo de
policía, y fuera de ella, en todo lo que conduzca al libre ejercicio de
atribuciones. En uso de este derecho podrá castigar, o hacer que se castigue
con las penas que hayan acordado, a todo el que le falte el debido respeto, o
que amenace atentar contra el Cuerpo o contra la inmunidad de sus individuos, o
que de cualquier otro modo desobedezca o embarace sus órdenes o deliberaciones. Art. 60 –
Las sesiones de ambas Cámaras serán públicas; pero podrán ser secretas cuando
ellas lo crean necesario. Art. 61 – El
proceder de cada Cámara constará solemnemente en un registro diario en que se
asienten sus debates y resoluciones, el cual se publicará de tiempo en tiempo,
exceptuando aquellas cosas que deban reservarse, según el acuerdo de cada una;
y siempre que lo reclame la quinta parte de los miembros presentes, deberán
expresarse nominalmente los votos de sus individuos sobre toda moción o
deliberación. Art. 62 –
Cada Cámara elige de entre sus miembros un Presidente y un Vicepresidente,
cuyas funciones serán anuales desde una sesión ordinaria hasta otra, y nombrará
de dentro o fuera de su seno un secretario. También nombrará los oficiales que
juzgue necesarios para el desempeño de sus trabajos, asignando a estos
empleados las correspondientes gratificaciones. Art. 63 –
Las comunicaciones entre las Cámaras y el Poder Ejecutivo, o entre sí mismas,
se harán por el conducto de los respectivos Presidentes, o por medio de
diputaciones. Art. 64 –
Los Senadores y Representantes tienen ese carácter por la nación y no por el
Departamento o la Provincia que los nombra; ellos no pueden recibir órdenes ni
instrucciones particulares de las Asambleas Electorales, que solo podrán
presentarles peticiones. Art. 65 – No
podrán ser senadores ni representantes el Presidente y Vicepresidente de la
República, los ministros de la Alta Corte de Justicia, los secretarios del
Despacho, los Intendentes, los Gobernadores y los demás empleados públicos a
quienes se prohíba por ley; los otros podrán serlo, con tal que se suspendan el
personal ejercicio de sus empleos mientras duren las sesiones. Cuando un
Senador o Representante sea nombrado para otro destino público, quedará a su
elección admitirle o rehusarle. Art. 66 –
Los miembros del Congreso gozan de inmunidad en sus personas y en sus bienes
durante las sesiones y mientras van ellas o vuelvan a sus casas; excepto en los
casos de traición o de otro grave delito contra el orden social; y no son
responsables por los discursos y opiniones que hayan manifestado en las Cámaras
ante ninguna autoridad y en ningún tiempo. Art. 67 –
Los Senadores y Representantes obtendrían del Tesoro Nacional una indemnización
determinada por ley, computándose el tiempo que deben haber invertido en venir
de sus casas al lugar de reunión y volver a ellas concluidas las sesiones. Sección
cuarta Del
tiempo, duración y lugar de las sesiones del Congreso Art. 68 – El
Congreso se reunirá cada año precisamente, verificando la apertura de sus
sesiones ordinarias el dos de enero. Art. 69 –
Cada reunión ordinaria del Congreso durará noventa días. En caso necesario
podrá prorrogarla hasta por treinta días más. Art. 70 –
Las Cámaras residirán en una misma Parroquia; y mientras se hallen reunidas,
ninguna podrá suspender sus sesiones por más de dos días, ni emplazarse para
otro lugar distinto de aquel en que residieren, sin su mutuo consentimiento,
pero si conviniendo en la traslación diferentes respecto a tiempo y lugar, el
Poder Ejecutivo tendrá la intervención de fijar un término medio entre los
extremos de la disputa. Sección
quinta Del
escrutinio y elecciones correspondientes al Congreso Art. 71 – En
los casos de elecciones se reunirá el Congreso en la Cámara del Senado; en su
presencia se abrirán los pliegos de las elecciones del Presidente y
Vicepresidente de la República y de los Senadores de los Departamentos, y se
formarán listas de todos los sufragios de las Asambleas Electorales,
asentándolos en el registro correspondiente a cada clase de elecciones. El
escrutinio se hace públicamente por cuatro miembros del Congreso y los
Secretarios. Art. 72 –
Para ser Presidente de la República se necesitan las dos terceras partes de los
votos de los electores que concurrieron a las asambleas provinciales. Se
declarará, pues, Presidente al que resulte con esta mayoría. Art. 73 –
Siempre que falte la mayoría indicada, el Congreso separa los tres que reúnan
más sufragios, y procede a elegir uno entre ellos. El que obtuviere en esta
elección los votos de las dos terceras partes de los miembros presentes será el
Presidente de la República. Art. 74 – Si
hecho el escrutinio, ninguno resultare electo, el Congreso contrae la votación
a los dos que han alcanzado mayor número de votos en el acto antecedente. Art. 75 – La
elección del Presidente se hará en una sola sesión, que será permanente. Art. 76 – El
Vicepresidente de la República será elegido con las mismas formalidades que el
Presidente. Art. 77 – El
Congreso declarará senadores a los que hayan alcanzado la pluralidad absoluta
de votos de los electores de cada departamento que concurrieran a la elección. Art. 78 – Si
no concurriere a favor de ninguno o algunos la mayoría indicada, el Congreso
tomará un número igual o si no lo hubiere, aproximado al triple de los que
falten entre los que tengan más votos. Hecha esta separación, procederá a
elegir entre éstos, uno por uno, los que hayan de nombrarse. Cuando en el
escrutinio no resulte elección, se repetirá el acto conforme al Artículo 74. Art. 79 – En
los casos de duda por causa de igualdad en materia de elecciones, la suerte
decide. Art. 80 –
Cuando falte algún senador o representante por causa de muerte, renuncia,
destitución u otra causa, se llenarán las vacantes por el Congreso, escogiendo
uno entre los tres que en los registros de las asambleas electorales se sigan
con el mayor número de votos: pero si en dichos registros no quedare este
número, la respectiva Cámara expedirá órdenes para que se nombre otra persona
de la manera prevenida en esta Constitución. La duración del así nombrado sólo
será hasta las próximas elecciones ordinarias. Art. 81 – Si
una misma persona fuere nombrada a la vez por el Departamento de su naturaleza
y por el de su vecindad, o por la Provincia de su naturaleza y la de su
vecindad, subsistirá el nombramiento por razón de la naturaleza. Art. 82 – El
Congreso pasará aviso a los que resulten nombrados en los destinos de
Presidente, Vicepresidente y Senadores, para que ocurran a posesionarse en el
día que se les asigne. Art. 83 – En
esta primera vez nombra el actual Congreso el Presidente, el Vicepresidente de
la República y los Senadores. Sección
sexta De
la Cámara de Representantes Art. 84 – La
Cámara de Representantes se compone de diputados nombrados por todas las
Provincias de la República, conforme a esta Constitución. Art. 85 –
Cada Provincia nombrará un Representante por cada treinta mil almas de su
población; pero si calculada ésta, quedare un exceso de quince mil almas,
tendrá un Representante más; y toda Provincia, cualquiera que sea su población,
nombrará por lo menos un Representante. El actual Congreso señalará, por medio
de un decreto, el número de representantes que deba nombrar cada Provincia,
hasta tanto que se formen los censos de la población. Art. 86 –
Esta proporción de uno por treinta mil continuará siendo la regla de la
Representación, hasta que el número de Representantes llegue al ciento; y
aunque aumente la población, no se aumentará por eso el número, sino que se
elevará la proporción hasta que corresponda a un Representante a cada cuarenta
mil almas. En este estado continuará la proporción de uno por cuarenta mil, hasta
que lleguen a ciento cincuenta los Representantes; y entonces, como en el caso
anterior, se elevará la proporción a cincuenta mil por uno. En todos estos
casos se nombrará un Representante más por un residuo que alcance a la mitad de
la base. Art. 87 – No
podrá ser representante el que además de las cualidades de elector, no tenga: 1.
La
calidad de natural o vecino de la Provincia que lo elige; 2.
Dos
años de residencia en el territorio de la República inmediatamente antes de la
elección. Este requisito no excluye a los ausentes en servicio de la República,
o con permiso del Gobierno; ni a los prisioneros, desterrados o fugitivos del
país por su amor o servicios a la causa de la Independencia; 3.
Ser
dueño de una propiedad raíz que alcance al valor libre de dos mil pesos, o
tener una renta o usufructo de quinientos pesos anuales o ser profesor de
alguna ciencia. Art. 88 –
Los no nacidos en Colombia necesitan para ser Representantes tener ocho años de
residencia en la República y diez mil pesos en bienes raíces. Se exceptúan los
nacidos en cualquier parte del territorio de América que en el año 1810
dependía de España y que no se ha unido a otra nación extranjera; a quienes
bastará tener cuatro años de residencia y cinco mil pesos en bienes raíces. Art. 89 – La
Cámara de Representantes tiene el derecho exclusivo de acusar ante el Senado al
Presidente de la República, al Vicepresidente y a los Ministros de la Alta
Corte de Justicia, en todos los casos de una conducta manifiestamente contraria
al bien de la República y a los deberes de sus empleos, o de delitos graves
contra el orden social. Art. 90 –
Los demás empleados de Colombia están sujetos a la inspección de la Cámara de
Representantes, y podrán acusarlos ante el Senado por el mal desempeño de sus
funciones, u otros graves crímenes. Pero esta facultad no deroga ni disminuye
la de otros jefes y tribunales para velar la observancia de las leyes, y
juzgar, deponer y castigar según ellas a sus respectivos subalternos. Art. 91 – El
tiempo de las funciones de Representantes será de cuatro años. Art. 92 – A
la Cámara de Representantes corresponde la calificación de las elecciones y
cualidades de sus respectivos miembros, su admisión y la resolución de las
dudas que sobre esto pueda ocurrir. Sección
séptima De
la Cámara del Senado Art. 93 – El
Senado de Colombia se compone de los Senadores nombrados por los Departamentos
de la República, conforme a esta Constitución. Cada departamento tendrá cuatro
Senadores. Art. 94 – El
tiempo de las funciones de los Senadores será de ocho años. Pero los Senadores
de cada Departamento serán divididos en dos clases: los de la primera quedarán
vacantes al fin del cuarto año, y los de la segunda, al fin del octavo; de modo
que cada cuatro años se haga la elección de la mitad de ellos. En esta vez la
Cámara en su primera reunión sacará a la suerte los dos Senadores de cada
Departamento cuyas funciones hayan de expirar al fin del primer período. Art. 95 –
Para ser Senador se necesita, además de las calidades de elector: 1.
Treinta
años de edad; 2.
Ser
natural o vecino del Departamento que hace la elección; 3.
Tres
años de residencia en el territorio de la República inmediatamente antes de la
elección, con las excepciones del Artículo 87; 4.
Ser
dueño de una propiedad que alcance el valor libre de cuatro mil pesos en bienes
raíces; o en su defecto, tener el usufructo o renta de quinientos pesos
anuales, o ser profesor de alguna ciencia. Art. 96 –
Los no nacidos en Colombia no podrán ser Senadores sin tener doce años de
residencia y dieciséis mil pesos en bienes raíces; se exceptúan los nacidos en
cualquier parte del territorio de América que en el año de 1810 dependía de la
España y que no se ha unido a otra nación extranjera; a quienes bastará tener
seis años de residencia y ocho mil pesos en bienes raíces. Art. 97 – Es
una atribución especial del Senado ejercer el poder natural de una Corte de
Justicia, para oír, juzgar y sentenciar a los empleados de la República
acusados por la Cámara de Representantes en los caso de los artículos 89 y 90. Art. 98 – En
los casos en que el Senado hace las funciones de Corte de Justicia, la Cámara
de Representantes escoge uno de sus miembros para que haga las veces de
acusador, el cual procederá conforme a la órdenes e instrucciones que le
comunique la Cámara. Art. 99 – El
Senado instruye el proceso por sí mismo o por comisión emanada de su seno,
reservándose la sentencia, que la pronunciará él mismo. Art. 100 –
Siempre que una acusación propuesta ante el Senado es admitida por él, queda de
hecho suspenso de su empleo el acusado, y la autoridad a quien corresponde
provee la plaza interinamente. Art. 101 –
Nadie podrá ser condenado en estos juicios sin el voto unánime de las dos
terceras partes de los senadores presentes. Art. 102 –
Las determinaciones del Senado en estos casos no podrán extenderse a otra cosa
que deponer de su empleo al convencido y declararle incapaz de obtener otros
honoríficos, lucrativos o de confianza en Colombia; pero el culpado quedará,
sin embargo, sujeto a acusación, prueba, sentencia y castigo según la ley. Art. 103 –
En los casos en que el Senado lo juzgue conveniente, asistirá a sus juicios,
para informar e instruir en el derecho, el Presidente de la Alta Corte de
Justicia, o alguno de sus miembros. Art. 104 –
Los decretos, autos y sentencias que pronuncie el Senado en estos juicios deben
ejecutarse sin la sanción de Poder Ejecutivo. Título
V Del
Poder Ejecutivo Sección
primera De
la naturaleza y duración de este poder Art. 105 –
El Poder Ejecutivo de la República estará depositado en una persona, con la
denominación de Presidente de la República de Colombia. Art. 106 –
Para ser Presidente se necesita ser ciudadano de Colombia por nacimiento y
todas las otras cualidades que para ser senador. Art. 107 –
La duración del Presidente será de cuatro años, y no podrá ser reelegido más de
una sin intermisión. Art. 108 –
Habrá un Vicepresidente, que ejercerá las funciones de Presidente en caso de
muerte, destitución, o renuncia, hasta que se nombre sucesor, que será en la
próxima reunión de las Asambleas Electorales. También entrará en las mismas
funciones por ausencia, enfermedad o cualquiera otra falta temporal del
Presidente. Art. 109 –
El Vicepresidente de la República debe tener las mismas cualidades que el
Presidente. Art. 110 –
El Presidente del Senado suple las faltas del Presidente y Vicepresidente de la
República; pero cuando éstas sean absueltas, procederá inmediatamente a llenar
las vacantes, conforme a esta Constitución. Art. 111 –
La duración del Presidente y Vicepresidente nombrados fuera de los períodos
constitucionales sólo será hasta la próxima reunión ordinaria de las asambleas
constitucionales. Art. 112 –
El Presidente y Vicepresidente reciben por sus servicios los sueldos que la ley
le señala, los cuales nunca serán aumentados ni disminuidos en su tiempo. Sección
segunda De
las funciones, deberes y prerrogativas del Presidente de la República Art. 113 –
El Presidente es Jefe de la Administración General de la República. La
conservación del orden y de la tranquilidad en lo interior y de la seguridad en
lo exterior le está especialmente cometida. Art. 114 –
Promulga, manda ejecutar y cumple las leyes, decretos, estatutos y actos del
Congreso cuando conforme queda establecido por la Sección 1. del Título IV de
esta Constitución, tengan fuerza de tales, y expide los decretos, los
reglamentos y las instrucciones que sean convenientes para su ejecución. Art. 115 –
Convoca al Congreso en los períodos señalados por esta Constitución y en los
demás casos extraordinarios en que lo exija la gravedad de alguna ocurrencia. Art. 116 –
Dicta todas las órdenes convenientes para que oportunamente se hagan las
elecciones constitucionales. Art. 117 –
Tiene en toda la República el mando supremo de las fuerzas de mar y tierra, y
está exclusivamente encargado de su dirección; pero no podrá mandarlas en
persona sin previo acuerdo y consentimiento del Congreso. Art. 118 –
Cuando, conforme al artículo anterior, el Presidente mande en persona las
fuerza de la República, o alguna parte de ellas, las funciones del Poder Ejecutivo
recaerán por el mismo hecho en el Vicepresidente. Art. 119 –
Declara la guerra en nombre de la República, después que el Congreso la haya
decretado, y toma todas las medidas preparatorias. Art. 120 –
Celebra los tratados de paz, alianza, amistad, treguas, comercio, neutralidad y
cualesquiera otros, con los príncipes, naciones o pueblos extranjeros; pero sin
el consentimiento y aprobación del Congreso, no presta ni deniega su
ratificación a los que estén ya concluidos por los plenipotenciarios. Art. 121 –
Con previo acuerdo y consentimiento del Senado, nombra toda especie de
Ministros y agentes diplomáticos, y los oficiales militares desde Coronel
inclusive arriba. Art. 122 –
En los recesos del Senado puede dar en comisión dichos empleos, cuando urgiere
su nombramiento, hasta que en la próxima reunión ordinaria o extraordinaria del
Senado sean provistos conforme al artículo anterior. Art. 123 –
También le corresponde el nombramiento de los demás empleados civiles y
militares que no reserve a otra autoridad la Constitución o la ley. Art. 124 –
Cuida de que la justicia se administre pronta y cumplidamente por los
tribunales y juzgados de la República, y de que sus sentencias se cumplan. Art. 125 –
Puede suspender de sus destinos a los empleados ineptos o que delincan en razón
de su oficio; pero avisará al mismo tiempo al tribunal que corresponda,
acompañándole es expediente o los documentos que motivaron su procedimiento,
para que siga el juicio con arreglo a las leyes. Art. 126 –
No puede privar a ningún individuo de su libertad, ni imponerle pena alguna. En
caso de que el bien y la seguridad de la República exijan el arresto de alguna
persona, podrá el Presidente expedir órdenes al efecto; pero con la condición
de que dentro de cuarenta y ocho horas deberá hacerla entregar a disposición
del tribunal o juez competente. Art. 127 –
En favor de la humanidad puede, cuando lo exija algún grave motivo, conmutar
las penas capitales de acuerdo con los jueces que conozcan de la causa, bien
sea a su propuesta o a la de aquéllos. Art. 128 –
En los casos de conmoción interior a mano armada que amenace la seguridad de la
República, y en los de una invasión exterior repentina, puede, con previo
acuerdo y consentimiento del Congreso, dictar todas aquellas medidas extraordinarias
que sean indispensables y que no esté comprendidas en la esfera natural de sus
atribuciones. Si el Congreso no estuviere reunido, tendrá la facultad por sí
solo; pero le convocará sin la menor demora, para proceder conforme a sus
acuerdos. Esta extraordinaria autorización sera limitada únicamente a los
lugares y tiempo indispensablemente necesarios. Art. 129 –
El Presidente de la República, al abrir el Congreso sus sesiones anuales, le
dará cuenta en sus dos Cámaras del estado político y militar de la Nación; de
sus rentas, gastos y recursos, y le indicará las mejoras y reformas que pueden
hacerse en cada ramo. Art. 130 –
También dará a cada Cámara cuantos informes pida; pero reservándose aquellos
cuya publicación no convenga por entonces, con tal que no sean contrarios a los
que presenta. Art. 131 –
El Presidente de la República, mientras dura en este empleo, solo puede ser
acusado y juzgado ante el Senado en los casos del Artículo 89. Art. 132 –
El Presidente no puede salir del territorio de la República durante su
presidencia, ni un año después, sin permiso del Congreso. Sección
tercera Del
Consejo de Gobierno Art. 133 –
El Presidente de la República tendrá un Consejo de Gobierno, que será compuesto
del Vicepresidente de la República, de un ministro de la Alta Corte de
Justicia, nombrado por él mismo, y de los Secretarios del Despacho. Art. 134 –
El Presidente oirá el dictamen del Consejo en todos los caso de los Artículos
46, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128 y en los demás de gravedad que
ocurran o que le parezca; pero no será obligado a seguirle en sus
deliberaciones. Art. 135 –
El Consejo llevará un registro de todos sus dictámenes, y pasará cada año al
Senado un testimonio exacto de él, exceptuando solamente los negocios
reservados mientras haya necesidad de la reserva. Sección
cuarta De
los Secretarios del despacho Art. 136 –
Se establecen para el despacho de los negocios cinco Secretarios de Estado, a
saber: de Relaciones Exteriores, del Interior, de Hacienda, de Marina y de
Guerra. El poder Ejecutivo puede reunir temporalmente dos secretarias en una. Art. 137 –
El Congreso hará en el número de ellas variaciones que la experiencia muestre o
las circunstancias exijan; y por un reglamento particular, que hará el Poder
Ejecutivo, sometiéndolo a su aprobación, se asignarán a cada secretaría los
negocios que deben pertenecerle. Art. 138 –
Cada Secretario es el órgano preciso e indispensable por donde el Poder
Ejecutivo libra sus órdenes a las autoridades que le están subordinadas. Toda
orden que no está autorizada por el respectivo secretario no debe ser ejecutada
por ningún tribunal ni persona pública o privada. Art. 139 –
Es de la obligación de los Secretarios del Despacho dar a cada Cámara, con la
anuencia del Poder Ejecutivo, cuantos informes se les pida por escrito o de
palabra en sus respectivos ramos, reservando solamente lo que no convenga
publicar. Título
VI Del
Poder Judicial Sección
primera De
las atribuciones de la alta corte de Justicia, elección y duración de sus
miembros Art. 140 –
La Alta Corte de Justicia de Colombia se compondrá de cinco miembros, por lo
menos. Art. 141 –
Para ser Ministro de la Alta Corte de Justicia se necesita: 1.
Gozar
de los derechos de elector; 2.
Ser
abogado no suspenso; 3.
Tener
la edad de treinta años cumplidos. Art. 142 –
Los ministros de la Alta Corte de Justicia serán propuestos por el Presidente
de la República a la Cámara de Representantes en número triple. La Cámara
reduce aquel número al doble, y lo presenta al Senado para que éste nombre los
que deba componerla. El mismo orden se seguirá siempre que por muerte,
destitución o renuncia sea necesario reemplazar toda la Alta Corte o alguno de
sus miembros. Pero si el Congreso no estuviere reunido, el Poder Ejecutivo
proveerá interinamente las plazas vacantes hasta que se haga la elección en la
forma dicha. En esta vez serán nombrados por el actual Congreso. Art. 143 –
Corresponde a la Alta Corte de Justicia el conocimiento: 1.
De los
negocios contenciosos de embajadores, ministros, cónsules o agentes diplomáticos; 2.
De las
controversias que resultaren en los tratados y las negociaciones que haga el
Poder Ejecutivo; 3.
De las
competencias suscitadas o que suscitaren en los Tribunales Superiores. Art. 144 –
La ley determinará el grado, forma y casos en que debe conocer de los negocios
expresados y de cualesquiera otros civiles y criminales que se les asignen. Art. 145 –
Los Ministros de la Alta Corte durarán en sus empleos todo el tiempo de su
buena conducta. Art. 146 –
En los periodos fijos determinados por la ley recibirán por este servicio los
sueldos que se les asignaren. Sección
segunda De
las Cortes superiores de Justicia y de los juzgados inferiores Art. 147 –
Para la más pronta, y fácil administración de justicia, el Congreso establecerá
en toda la República las cortes superiores que juzgue necesarias, o que las
circunstancias permitan crear desde ahora, asignándoles el territorio a que se
extienda su respectiva jurisdicción y los lugares de su residencia. Art. 148 –
Los Ministros de las cortes superiores serán nombrados por el Poder Ejecutivo,
a propuesta de terna de la Alta Corte de Justicia. Art. 149 –
Los juzgados inferiores subsistirán por ahora en los términos que se
prescribirán por ley particular, hasta tanto que en el Congreso varíe la
administración de justicia. Título
VII De
la organización interior de la República Sección
primera De
la administración de los departamentos Art. 150 –
El Congreso dividirá el territorio de la República en seis o más Departamentos,
para su más fácil y cómoda administración. Art. 151 –
El mando político de cada Departamento residirá en un Magistrado, con la
denominación de Intendente, sujeto al Presidente de la República, de quien será
agente natural e inmediato. La ley determinará sus facultades. Art. 152 –
Los intendentes serán nombrados por el Presidente de la República, conforme a
lo que prescriben los Artículos 121 y 122. Su duración será de tres años. Sección
segunda De
la administración de las Provincias y cantones Art. 153 –
En cada Provincia habrá un Gobernador, que tendrá el régimen inmediato de ella
con subordinación al Intendente del Departamento, y las facultades que detalle
la ley. Durará y será nombrado en los mismos términos que los Intendentes. Art. 154 –
El Intendente del departamento es el Gobernador de la Provincia en cuya capital
reside. Art. 155 –
Subsisten los Cabildos o las Municipalidades de los Cantones. El Congreso
arreglará su número, sus límites y atribuciones y cuanto conduzca a su mejor
administración. Título
VIII Disposiciones
generales Art. 156 –
Todos los colombianos tienen el derecho de escribir, imprimir y publicar
libremente sus pensamientos y opiniones, sin necesidad de examen, revisión o
censura alguna anterior a la publicación. Pero los que abusen de esta preciosa
facultad sufrirán los castigos a que se hagan acreedores conforme a las leyes. Art. 157 –
La libertad que tienen los ciudadanos de reclamar sus derechos ante los
depositarios de la autoridad pública, con la moderación y respeto debidos, en
ningún tiempo será impedida ni limitada. Todos, por el contrario, deberán
hallar un remedio pronto y seguro, con arreglo a las leyes, de las injurias y
daños que sufrieren en sus personas, en sus propiedades, en su honor y
estimación. Art. 158 –
Todo hombre debe presumirse inocente hasta que se le declare culpado con
arreglo a la ley. Si antes de esta declaratoria se juzga necesario arrestarle o
prenderle, no debe emplearse ningún rigor que no sea indispensable para
asegurarse de su persona. Art. 159 –
En negocios criminales ningún colombiano puede ser preso sin que preceda
información sumaria del hecho por el que merezca, según la ley ser castigado
con pena corporal. Art. 160 –
Infraganti todo delincuente puede ser arrestado, y todos pueden arrestarle y
conducirle a la presencia del Juez, para que se proceda inmediatamente a lo
prevenido en el Artículo anterior. Art. 161 –
Para que un ciudadano pueda ser preso se necesita: 1.
Una
orden de arresto formada por la autoridad a quien la ley confiera este poder; 2.
Que la
orden exprese los motivos para prisión; 3.
Que se
le intime y dé una copia de ella. Art. 162 –
Ningún alcaide o carcelero puede admitir ni detener en la prisión a ninguna
persona sino después de haber recibido la orden de prisión o arresto de que
habla el artículo anterior. Art. 163 –
El Alcaide o carcelero no podrá prohibir al preso la comunicación con persona
alguna sino en el caso de que la orden de prisión contenga la cláusula de
incomunicación. Ésta no puede durar más de tres días; y nunca usará de otros
apremios o prisiones que los que expresamente le haya prevenido el Juez. Art. 164 –
Son culpables y están sujetos a las penas de detención arbitraria: 1.
Los
que sin poder legal arrestan, hacen o mandan arrestar a cualquier persona; 2.
Los
que con dicho poder abusan de él, arrestando, o mandando a arrestar, o
continuando en arresto a cualquier persona, fuera de los caso determinados por
la ley, o contra las formas que haya prescrito, o en lugares que no estén
públicamente y legalmente conocidos por cárceles; 3.
Los
Alcaides o carceleros que contravengan a lo dispuesto en los Artículos 162 y
163. Art. 165 –
En cualquier tiempo en que parezcan desvanecidos los motivos que hubo para el
arresto, detención o prisión, el arrestado será puesto en libertad. También
obtendrá dando fianza, en cualquier estado de la causa en que se vea que no
pudo imponérsele pena corporal. Al tiempo de tomar confesión al procesado que
deberá ser a lo más dentro del tercero día, se le leerán íntegramente todos los
documentos y las declaraciones de los testigos, con los nombres de éstos; y si
por ellos no los conociere, se le darán todas las noticias posibles para que
venga en conocimiento de quiénes son. Art. 166 –
Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales sino por tribunales a quienes
corresponda el caso por las leyes. Art. 167 –
Nadie podrá ser juzgado, y mucho menos castigado, sino en virtud de una ley
anterior a su delito o acción, y después de habérsele oído o citado legalmente;
y ninguno será admitido ni obligado con juramento, ni con otro apremio, a dar
testimonio contra sí mismo en causa criminal; ni tampoco lo serán
recíprocamente entre sí los ascendientes y descendientes, y los parientes hasta
el cuarto grado civil de consanguinidad y segundo de afinidad. Art. 168 –
Todo tratamiento que agrave la pena determinada por ley es un delito. Art. 169 –
Nunca podrá ser allanada la casa de ningún colombiano sino en los casos
determinados por la ley, y bajo la responsabilidad del Juez que expida la
orden. Art. 170 –
Los papeles particulares de los ciudadanos, lo mismo que sus correspondencias
epistolares, son inviolables; y nunca podrá hacerse su registro, examen o
intervención fuera de aquellos casos en que la ley expresamente lo prescriba. Art. 171 –
Todo Juez y Tribunal debe pronunciar sus sentencias con expresión de la ley o
el fundamento aplicable al caso. Art. 172 –
En ningún juicio habrá más de tres instancias, y los jueces que hayan fallado
en una, nunca podrán asistir a la vista del mismo pleito en otra. Art. 173 –
La infamia que afecta a algunos delitos nunca será trascendental a la familia o
descendencia del delincuente. Art. 174 –
Ningún colombiano, excepto los que estuvieren empleados en la marina o en las
milicias que se hallaren en actual servicio, deberá sujetarse a las leyes
militares ni sufrir castigo provenidos de ellas. Art. 175 –
Una de las primeras atenciones del Congreso será introducir en cierto género el
juicio por jurados, hasta que bien conocidas prácticamente las ventajas de esta
institución, se extienda a todos los casos criminales y civiles a que
comúnmente se aplica en otras naciones, con todas las formas propias de este
procedimiento. Art. 176 –
Los militares en tiempo de paz no podrán acuartelarse ni tomar alojamiento en
las casas de los demás ciudadanos, sin el consentimiento de sus dueños; ni en
tiempo de guerra, sino por orden de magistrados civiles, conforme a las leyes. Art. 177 –
Ninguno podrá ser privado de la menor porción de su propiedad, ni ésta será
aplicada a usos públicos, sin su propio consentimiento, o el del Cuerpo
Legislativo; cuando alguna pública necesidad legalmente comprobada exigiere que
la propiedad de algún ciudadano se aplique a usos semejantes, la condición de
una justa compensación debe presuponerse. Art. 178 –
Ningún género de trabajo, de cultura, de industria o de comercio será prohibido
a los colombianos, excepto aquellos que ahora son necesarios para la
subsistencia de la República, que se libertarán por el Congreso cuando lo
juzgue oportuno y conveniente. Art. 179 –
Se prohíbe la fundación de mayorazgos y toda clase de vinculaciones. Art. 180 –
No se extraerá del Tesoro común cantidad alguna de oro, plata, papel u otra
forma equivalente, sino para objetos e inversiones ordenados por la ley; y
anualmente se publicará un estado y una cuenta regular de entradas y los gastos
de los fondos públicos para conocimientos de la nación. Art. 181 –
Quedan extinguidos todos los títulos de honor concedidos por el Gobierno
español; y el Congreso no podrá conceder otro alguno de nobleza, honores o
distinciones hereditarias, ni crear empleos u oficio alguno cuyos sueldos o
emolumentos puedan durar más tiempo que el de la buena conducta de los que
sirvan. Art. 182 –
Cualquiera persona que ejerza algún empleo de confianza u honor bajo la
autoridad de Colombia, no podrá aceptar regalo, título o emolumento de algún
Rey, Príncipe o Estado extranjero sin el consentimiento del Congreso. Art. 183 –
Todos los extranjeros de cualquiera nación serán admitidos en Colombia; ellos
gozarán en sus personas y propiedades de la misma seguridad que los demás
ciudadanos, siempre que respeten las leyes de la República. Art. 184 –
Los no nacidos en Colombia, que durante la guerra de Independencia han hecho o
hicieron una o más campañas con honor, u otros servicios muy importantes en
favor de la República, quedan igualados con los naturales del país en su
aptitud para obtener todos los empleos en que no se exija ser ciudadano de
Colombia por nacimiento, siempre que concurran en ellos las mismas cualidades. Título
IX Del
juramento de los empleados Art. 185 –
Ningún empleado de la República podrá ejercer sus funciones sin prestar el
juramento de sostener y defender la Constitución, y de cumplir fiel y
exactamente los deberes de su empleo. Art. 186 –
El Presidente y Vicepresidente de la República prestarán este juramento en
presencia del Congreso, en manos del Presidente del Senado. Los Presidentes del
Senado, de la Cámara de Representantes y de la Alta Corte de Justicia lo
prestarán en presencia de sus respectivas corporaciones; y los individuos de
éstas lo harán a su vez en manos de sus Presidentes. Art. 187 –
Los secretarios del Despacho, los ministros de las cortes superiores de
justicia, los intendentes departamentales, los gobernadores de provincia, los
generales del ejército y las demás autoridades principales juran ante el
Presidente de la República, o ante la persona a quien él cometa esta función. Título
X De
la observancia de las Leyes antiguas, interpretación y reforma de esta
Constitución Art. 188 –
Se declaran en su fuerza y vigor las leyes que hasta aquí han regido en todas
las materias y puntos que directa o indirectamente no se opongan a esta
Constitución ni a los decretos y las leyes que expidiere el Congreso. Art. 189 –
El Congreso podrá resolver cualquier duda que ocurra sobre la inteligencia de
algunos artículos de esta Constitución. Art. 190 –
En cualquier tiempo en que las dos terceras partes de cada una de las dos
Cámaras juzguen conveniente la reforma de algunos artículos de esta
Constitución, podrá el Congreso proponerla para que de nuevo se tome en
consideración, cuando se haya renovado, por lo menos, la mitad de los miembros
de las Cámaras que propusieron la reforma; y si entonces fuere también
ratificada por los dos tercios de cada una, procediéndose con las formalidades
prescritas en la Sección 1 del Título IV, será válida y hará parte de la
Constitución; pero nunca podrán alterarse las bases contenidas en la Sección 1
del Título I y en la 2 del Título II. Art. 191 –
Cuando ya libre toda o la mayor parte de aquel territorio de la República que
hoy está bajo el poder español, pueda concurrir con sus representantes a
perfeccionar el edificio de su felicidad, y después que una práctica de diez o
más años haya descubierto todos los inconvenientes o ventajas de la presente
Constitución, se convocará por el Congreso una gran Convención de Colombia
autorizada para examinarla o reformarla en su totalidad. Dada en el
primer Congreso General de Colombia, y firmada por todos los diputados
presentes en la Villa del Rosario de Cúcuta, a treinta de agosto del año del
Señor de mil ochocientos veintiuno, undécimo de la Independencia. El
presidente del Congreso, Doctor Miguel Peña El
vicepresidente del Congreso, Rafael Obispo de
Mérida, de Maracaibo Alejandro
Osorio, Luis Ignacio Mendoza, Vicente Azuero, José Ignacio de Márquez, Diego
Fernando Gómez, José Cornelio Valencia, Domingo B. y Briceño, Joaquín Borrero,
Antonio María Briceño, Joaquín Hernández de Soto, José Antonio Borrero, Diego
Bautista Urbaneja, Miguel de Zárraga, Manuel Benítez, José Antonio Yáñez,
Andrés Rojas, Idelfonso Méndez, José F. Blanco, Pedro F. Carvajal, Miguel
Domínguez, Dr. Ramón Ignacio Méndez, Bartolomé Osorio, Francisco de P.
Orbegozo, Salvador Camacho, Juan Ronderos, J. Prudencio Lanz, Cerbelón Urbina,
Mariano, Escobar, José Gabriel de Alcalá; José Antonio Paredes, José María
Hinestrosa, J. Francisco Pereira, Sinforoso Mutis, Juan Bautista Estévez, José
Manuel Restrepo; Casimiro Calvo, Manuel María Quijano, Miguel de Tobar, José de
Quintana y Navarro, José Ignacio Valbuena, Joaquín Plata, Miguel Ibáñez, Dr.
Félix Restrepo, Francisco José Otero, Carlos Álvarez, Gabriel Briceño, Lorenzo
Santander, Nicolás Ballén de Guzmán, Pedro Gual, Bernardino Tobar, Pacífico
Jaime, Policarpo Uricochea, Vicente A. Borrero, José A. Mendoza, Francisco
Gómez, Francisco Conde. El diputado secretario, Francisco Soto. El diputado
secretario, Miguel Santamaría. El diputado secretario, Antonio José Caro. Palacio de
Gobierno de Colombia en el Rosario de Cúcuta, a 6 de octubre de 1821. Cúmplase,
publíquese y circúlese. Dado,
firmado de mi mano, sellado con el sello provisional de la República y
refrendado por los ministros secretarios del Despacho. Simón
Bolívar El Ministro
de Marina y Guerra, Pedro Briceño Méndez El Ministro
de Hacienda y relaciones exteriores, Pedro Gual El Ministro
del Interior y de Justicia, Diego B. Urbaneja El Congreso
General a los habitantes de Colombia Colombianos.
El más ardiente deseo de todos y cada uno de vuestro representantes ha sido
cumplir fielmente con los altos deberes que les habéis encargado, y creen haber
llenado tan sagradas funciones al presentaros la Constitución que ha sido
sancionada por el voto general. En ella encontraréis que sobre la base de unión
de los pueblos que antes formaban diferentes Estados se ha levantado el
edificio firme y sólido de una nación cuyo gobierno es popular representativo,
y cuyos poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, exactamente divididos,
tienen sus atribuciones marcadas y definidas, formando, sin embargo, un todo de
tal suerte combinado y armonioso, que por él resultan protegidas vuestra
seguridad, libertad, propiedad e igualdad ante la ley. El Poder
Legislativo, dividido en dos Cámaras, os da una intervención plena en la
formación de vuestras leyes y el mejor derecho a esperar que sean siempre
justas y equitativas; no seréis ligados sino por aquella a que hayáis
consentido por medio de vuestros representantes, ni estaréis sujetos a otras
contribuciones ...ninguna carga se echará sobre alguno que no sea común a
todos, y éstas no serán para satisfacer pasiones de particulares, sino para
suplir necesidades de la República. El Poder
Ejecutivo en una sola persona, a quien toca velar por la tranquilidad interior
y la seguridad exterior de la República, tiene todas las facultades necesarias
para el desempeño de su elevado encargo. Vosotros encontraréis que en todo el
brillo de su autoridad puede llenaros de beneficios, pero no causaros perjuicio
alguno; su espada está solo desenvainada contra los enemigos del Gobierno, sin
posibilidad de ofender al pacífico colombiano; es como un sol, cuyo calor
benéfico, extendido por todo el territorio de la República, contribuye a
desarrollar las preciosas semillas de nuestra felicidad y prosperidad: la
educación pública, la agricultura, el comercio, las artes y ciencias, y todos
los ramos de industria nacional, están dentro de su sabia administración y
sujetos a su benigno influjo. El Poder
Judicial donde los asaltos de la intriga pierden toda su fuerza y el rico todo
su ascendiente; a donde nadie puede llegar con rostro sereno si no va revestido
con los simples adornos de la justicia, está destinado a dirimir imparcialmente
vuestras contiendas, reprimir al malvado y favorecer la inocencia; en tan
respetuoso lugar rinden todos homenaje a la ley; y allí veréis las pasiones
desarmadas, cortadas las tramas del artificio y descubierta la verdad. Tal ha sido
el plano sobre que se ha levantado a la Constitución de Colombia. Vuestros
representantes sólo han puesto una confianza ilimitada en las leyes; porque
ellas son las que aseguran la equidad entre todos y cada uno; y son también el
apoyo de la dignidad del colombiano, fuente de la libertad, el alma y el
consejo de la República. Pero lo que vuestros representantes han tenido siempre
a la vista, y lo que ha sido el objeto de sus más serias meditaciones, es que
las mismas leyes fuesen enteramente conformes con las máximas y los dogmas de
la Religión Católica Apostólica y Romana, que todos profesamos y nos gloriamos
de profesar: ella ha sido la religión de nuestros padres, y es y será la
Religión del Estado; sus ministros son los únicos que están en el libre
ejercicio de sus funciones, y el Gobierno autoriza las contribuciones
necesarias para el Culto Sagrado. El Congreso
General en sus deliberaciones no ha tenido otras miras que el bien común y el
engrandecimiento de la nación. Los agentes principales del Gobierno dependen de
vuestra elección: considerad, meditad bien que del acierto en ellas pende
vuestra dicha; que la intriga o la facción jamás dirijan vuestro juicio;
mientra las luces, la virtud y el valor, prudentemente escogidos y elevados por
nosotros, sean las firmes columnas que perpetúen la duración del edificio. Villa del
Rosario de Cúcuta, treinta de agosto de mil ochocientos veintiuno, undécimo de
la Independencia. El
presidente del Congreso, Doctor Miguel Peña. El vicepresidente del Congreso,
Rafael, Obispo de Mérida, de Maracaibo. El diputado secretario, Francisco Soto.
El diputado secretario, Miguel Santamaría. El diputado secretario, Antonio José
Caro. FONTE: |
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